Sobre la responsabilidad legal derivada de amenazas de tiroteos, masacres o actos de violencia en establecimientos educacionales.
En atención a los recientes acontecimientos registrados a nivel nacional vinculados a amenazas, avisos o anuncios de presuntos tiroteos, masacres o actos de violencia grave en establecimientos educacionales, esta Dirección estima necesario informar a toda la comunidad educativa acerca de la especial gravedad de dichas conductas y de las consecuencias legales que de ellas pueden derivarse tanto para sus autores como para sus padres, madres y/o apoderados.
La realización, difusión o propagación de amenazas de esta naturaleza, por cualquier medio —sea verbal, escrito, digital, mediante redes sociales, mensajería instantánea, rayados u otros mecanismos de comunicación— constituye una conducta de máxima gravedad, susceptible de ser denunciada a las policías y al Ministerio Público, pudiendo dar lugar a investigaciones penales por eventuales delitos de amenazas, desórdenes públicos u otras figuras penales aplicables, particularmente cuando dichas acciones generan alarma pública, alteración del normal funcionamiento del establecimiento o movilización de recursos de emergencia. Actualmente, diversas fiscalías del país se encuentran investigando múltiples denuncias por amenazas de tiroteos en colegios, y autoridades han reiterado que estos hechos son perseguidos penalmente.
En aquellos casos en que el autor de los hechos sea mayor de 14 años, podrá ser perseguido conforme a las normas de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sin perjuicio de las medidas cautelares, sanciones o programas de intervención que determine el tribunal competente.
Asimismo, el establecimiento educacional podrá aplicar, en conformidad con su Reglamento Interno de Convivencia Escolar y normativa vigente, aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, incluyendo suspensión, cancelación de matrícula o expulsión inmediata, cuando la gravedad de los hechos así lo amerite, de conformidad con la legislación aplicable en materia de convivencia escolar y Aula Segura.
Junto con lo anterior, resulta especialmente relevante advertir que nuestro ordenamiento jurídico contempla la eventual responsabilidad civil de los padres, madres, apoderados o adultos responsables respecto de los daños ocasionados por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos o pupilos menores de edad que se encuentren bajo su cuidado, siendo responsables los progenitores por los hechos de sus hijos menores de edad.
En consecuencia, cuando estas conductas generen perjuicios a terceros o al establecimiento —tales como afectaciones psicológicas, daños emocionales, suspensión de actividades académicas, evacuaciones, activación de protocolos de emergencia, utilización de recursos institucionales o policiales, afectación reputacional, o cualquier otro daño patrimonial o extrapatrimonial debidamente acreditable—, los responsables directos y quienes deban legalmente responder por ellos podrán ser objeto de acciones judiciales tendientes a obtener la correspondiente indemnización de perjuicios.
Este tipo de situaciones no sólo afectan gravemente la sensación de seguridad y bienestar de toda la comunidad escolar, sino que además comprometen recursos públicos y privados destinados a enfrentar contingencias reales, alterando severamente el normal desarrollo de las actividades educativas.
Por lo anterior, esta Institución reitera que toda amenaza, anuncio o acción de esta naturaleza será considerada como una falta gravísima y tratada con la máxima rigurosidad, activándose de inmediato los protocolos internos correspondientes, las denuncias ante la autoridad competente y la aplicación de todas las medidas disciplinarias y legales que procedan.
En este contexto, resulta fundamental recordar que la formación integral de niños, niñas y adolescentes constituye una labor compartida entre la familia y el establecimiento educacional, siendo deber primordial de los padres, madres y apoderados colaborar activamente en la crianza, orientación y supervisión de sus hijos o pupilos. En especial, corresponde a las familias abordar preventivamente estas materias en el hogar, promoviendo instancias de diálogo y reflexión sobre la gravedad de este tipo de conductas, sus consecuencias humanas, emocionales y legales, así como el uso responsable de redes sociales, medios digitales y mecanismos de comunicación, reforzando permanentemente valores de respeto, responsabilidad, sana convivencia y resolución pacífica de conflictos.
La seguridad e integridad física y psíquica de nuestros estudiantes, funcionarios y familias constituye una prioridad esencial y permanente para esta institución.
Saluda atentamente a usted,
Óscar Bórquez López
Director Colegio Niño Jesús
Lota, 15 de abril 2026.-